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Capítulo 6º de mi nueva novela


6
 (En este capítulo se produce un flashback)

 

Quinientos tres años antes 

En el año 2520 la República Argentina estalló.
Ya desde varios siglos antes el país había perdido una parte de la Patagonia que se transformó en un reinado ancestral Mapuche con reconocimiento internacional, se había producido la sexta hiperinflación de la historia, soportó varias autocracias con períodos alternados de recuperación democrática y hasta una fracasada experiencia socialista que duró casi un siglo. El último experimento fue democrático, de insulsa economía dirigida e inflacionaria, parecido a los de los siglos xx, xxi y xxii. Los ciudadanos, hartos de los políticos, de las penurias económicas y de la falta de libertades decidieron cambiar el sistema de organización social siguiendo los lineamientos de los más importantes países del mundo.


Como en otras latitudes, incluidos sus vecinos los uruguayos, chilenos y brasileños, la siempre dominante clase media simplemente salió a la calle y se quedó ahí durante días hasta que cayó el gobierno, renunciaron todos los legisladores y el poder pasó transitoriamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nuevo presidente provisional entendió lo que la inmensa mayoría de los argentinos querían, designó una junta consultiva entre los principales representantes de la sociedad en rebeldía (donde no hubo políticos ni sindicalistas) y todos coincidieron en que había que realizar, en menos de cinco años, las siguientes transformaciones:

  • Convocar de inmediato a una Convención Constituyente con el mandato de dictar una nueva Constitución donde se ratifiquen los derechos y garantías individuales del Art. 14º de la Constitución histórica pero queden abolidos los tres poderes del Estado.
  • Destituir a todas las autoridades provinciales y municipales y declarar a la Argentina como República de autogobierno con economía de mercado.
  • Establecer la institucionalidad de agencias privadas que se hagan cargo de ofrecer, en permanente competitividad, los servicios de Justicia, seguridad, salud, edu­cación, obras públicas de infraestructura y administración municipal, carcelaria y de defensa territorial.
  • Dejar cesantes a todos los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, incluyendo policías, militares y fuerzas de seguridad, pero con sus salarios asegurados durante cinco años. Para esto, el presidente provisional contratará fideicomisos con bancos privados que administrarán el patrimonio fideicomitido y depositarán todos los meses los salarios de los exfuncionarios en sus respectivas cuentas bancarias.
  • Privatizar todas las empresas estatales y los bancos oficiales, nacionales y provinciales. Poner a la venta todos los edificios públicos, ministerios, secretarías, tribunales y hasta la casa de gobierno de Balcarce 50. Los fondos obtenidos de estas ventas se destinarán a la cancelación de la deuda pública. Crear un nuevo signo monetario digital cuya cantidad circulante será fija e inamovible, encriptada mediante un algoritmo inaccesible e inalterable. Esta nueva moneda competirá libremente con el dinero papel actual, y con otras monedas privadas locales o extranjeras. Su cotización será establecida diariamente por el mercado libre de divisas. La Convención fijará un tiempo al cabo del cual la moneda de papel deberá ser convertida por los bancos a la criptomoneda de transacciones exclusivamente electrónicas.
  • Liquidar las cajas de jubilaciones y transferir en fideicomisos sus fondos y el dinero obtenido por la venta de sus bienes, equipamientos y edificios, a los bancos privadas que acepten participar, quienes abonaran mensualmente las jubilaciones habituales a sus beneficiarios, pero en este caso sin otra fecha de vencimiento que la del fallecimiento de cada uno de estos. Simultáneamente se institucionalizará el seguro privado de retiro, que será voluntario y de libre elección para todos los ciudadanos que deseen prevenir las contingencias de la vejez.
  • Derogar todas las leyes nacionales y provinciales y promulgar sólo dos códigos: uno, Penal y Contravencional, y el otro, Civil y Comercial, con sus respectivos reglamentos procedimentales. Con la derogación de las leyes se extinguirán todos los impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales por servicios. Tanto la producción de bienes y servicios como la exportación e importación de productos o materias primas son actividades libres para cualquier ciudadano, empresa o sociedad de hecho, sin otras limitaciones que las que determine la nueva Constitución y los dos códigos que se pondrán en vigencia.
  • Derogar todos los convenios colectivos de trabajo. Los salarios serán fijados por el mercado, y las condiciones de trabajo, por el Código Civil y Comercial. Los sindicatos existentes y los nuevos que se crearan, serán libres de ejercer sus funciones de protección y asesoramiento legal a sus afiliados, y la administración de sus mutuales de salud, las que serán de adhesión libre. Cada ciudadano que quiera afiliarse voluntariamente a un sindicato podrá elegir en cuál hacerlo, independientemente de su especialidad laboral. El Código Penal castigará cualquier tipo de coacción, extorsión o violencia sindical contra las empresas privadas o trabajadores que no quieran afiliarse. Se reconocerá el derecho de huelga, pero también el derecho del empleador de prescindir de los empleados que hagan abandono de su trabajo.
  • Establecer una Convención Legislativa quinquenal, elegida por los ciudadanos entre candidatos que se postulen a título personal o en representación de entidades civiles, con exigencias severísimas de idoneidad intelectual y moral, para reformar parcialmente los dos códigos (Penal y Civil) e incorporar de ser necesario nuevos artículos, siempre sobre la base de iniciativas populares validadas con la firma de una cantidad mínima de ciudadanos, o bien a solicitud de las agencias privadas o cámaras empresariales dentro de sus esferas de competencia.
  • A partir de la aprobación de las nuevas normas, la Convención otorgará por única vez poderes especiales al presidente provisional para que en un plazo de cinco años deje en pleno funcionamiento la nueva Constitución de la República Argentina, pero a su vez deberá hacer un seguimiento de las transformaciones y podrá intervenir como autoridad soberana en caso de incumplimientos o desviaciones del plan adoptado. Cumplidos los cinco años, ambas autoridades (Convención y Presidencia provisional) quedarán disueltas y ninguna otra autoridad política podrá reemplazarlas.

Cuando la población se enteró de estas directivas para la futura Convención Constituyente hubo una gran conmoción. La mayoría lo festejó en las calles, pero muchos otros, sobre todo las personas ligadas a la administración nacional y provincial, empleados, altos funcionarios, proveedores del Estado, empresarios prebendarios de la obra pública, dirigentes sindicales y policías y militares estallaron en furioso rechazo. Hubo manifestaciones violentas y hasta enfrentamientos armados, murieron muchas personas de uno y otro bando, pero finalmente la gente votó con sensatez una Convención Constituyente dispuesta a materializar la tarea transformadora encomendada.


Todos los países del mundo evolucionado festejaron esta decisión tardía pero trascendental de la Argentina y los grandes empresarios extranjeros se atropellaban para lle­gar primero a un país donde todo estaba por hacerse y un campo gigantesco de oportunidades de negocios se abría tentador a inversores grandes y pequeños, en el campo, en la industria, en la minería, en los transportes, en la banca, en los servicios aerocomerciales, en las compañías navieras y, por supuesto, en el mundo de la inteligencia artificial, las artes y las ciencias.

Antes de que transcurrieran los cinco años de gracia, los empleados públicos cesanteados ya tenían nuevos empleos mejor remunerados, aunque siguieron percibiendo, de pleno derecho y hasta su extinción, sus antiguos salarios asegurados por los fideicomisos.

El comercio exterior fue lo primero que alzó vuelo. Muchas grandes empresas nacionales y extranjeras se dedicaron a construir nuevos puertos y a reformar los existentes para recibir buques de carga de más de dos millones de toneladas que llegaban de a millares de todo el mundo para traer mercaderías e insumos y llevar productos argentinos. Pronto se terminó la mano de obra disponible y hubo que traer inmigrantes de países fuera del sistema para que hicieran los trabajos más ingratos (aunque muy bien pagados) que rechazaban los argentinos. En poco tiempo la población llegó a trecientos millones de habitantes y el país se posicionó como el más próspero y evolucionado de América, con las excepciones de EE. UU. y Canadá.

Para el año 2540 comenzaron a verse los primeros «tumbados», o caídos del sistema. Eran por entonces muy pocos y nadie se interesó en ellos. Sólo las iglesias predicaban sobre este nuevo e inesperado flagelo social e instaban a sus fieles a no permitir que ningún hermano quedara fuera del sistema y totalmente desamparado. Algunos fieles ayudaban, y otros se mostraban indiferentes.

Tumbados había en todo el mundo autogobernado, pero como todas las personas activas (las que vivían dentro del sistema) estaban en plena efervescencia evolutiva y embarcadas en entusiastas planes y negocios, no tenían tiempo ni predisposición para prestar atención a este nuevo drama humano. Recién siglos más tarde, cuando los tumbados ya eran claramente visibles por todos lados, comenzó a generarse una preocupación colectiva en todo el mundo. La gente entendió entonces que todos estaban expuestos a esa catástrofe personal, y que cualquiera podía caerse del sistema, lo cual los aterró. Pero se inquietaban por ellos y por sus familias, no por los desgraciados que ya se habían caído. Casos había en que ni los hijos se preocupaban por sus padres tumbados. La velocidad con que las personas, desde muy jóvenes, lograban prosperar y avanzar en sus proyectos de vida, los volvió muy egoístas e insensibles. Es que la sensibilidad humanitaria requiere tiempo de reflexión, y el tiempo era la materia más escasa y valiosa del nuevo mundo. Sólo los cultos religiosos y las entidades de bien público sin fines de lucro hacían algo por los tumbados. No había otro medio institucional para sacarlos de ese destino.

©Enrique Arenz 2022
Prohibida su reproducción

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