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Resistencias al cambio (1978)

Crítica al sistema estatista y a la actitud de los gobernadores militares que se resisten a privatizar

 

No pretendo ser rigurosamente exacto, pero de acuerdo con los datos que he podido reunir parece ser que tenemos nada menos que 365 empresas estatales, sin contar unas diez que fueron ya reprivatizadas, ni aquéllas de las que el Estado es accionista pero no administra. Como se aprecia en el cuadro, las actividades, las actividades empresarias de la Nación y las provincias son de lo más variadas e insólitas: bancos, canales de televisión, radios, seguros, hoteles, fábricas de calzado, etc., todas, por supuesto, deficitarias y escandalosamente improductivas.

  • Bancos (provinciales y nacionales)
36
  • Radios y Canales de televisión
84
  • Servicios Públicos (Gas, teléfonos, etc.)
30
  • Actividades Industriales varias
49
  • Institutos de seguros provinciales
14
  • Empresas con participación provincial
71
  • Fabricaciones Militares (Altos hornos De Zapla, Atanor, Somisa, etc.
31
  • Empresas en proceso de reprivatización
39
  • Empresas de servicios públicos provinc.
11
  • Total
365 

En ocasiones he reiterado la excesiva lentitud con que avanza el prometido proceso de privatización en el orden nacional, cachaza atribuible más bien a dificultades de adaptación, mental de ciertos funcionarios que a problemas de orden técnico o jurídico. Pero cabe preguntarse, ¿sabe alguien lo que está sucediendo en las provincias? ¿Le han informado al doctor Martínez de Hoz sobre lo que piensan hacer los señores gobernadores con sus calamitosas empresas?

A juzgar por el singular criterio adoptado por las autoridades de las provincias de San Luis, el Chaco y Tucumán, las cosas no parecen ir mejor en el interior que en el ámbito nacional. Analicemos estos tres casos.

 

I – SAN LUIS NO QUIERE PRIVATIZAR

Hace ya un año que la opinión responsable del país tuvo la oportunidad de asombrarse con las inusitadas del ministro de Economía de esa provincia. Dijo en aquella ocasión que “… por ahora el gobierno no se desprenderá de ninguna de sus tres empresas, pues si bien no hay diferencias entre su pensamiento y el gobierno nacional en lo que respecta a la liquidación de empresas administradas por el Estado, es inoportuno hacerlo en este momento”. Y para completarla agregó lo increíble: “Mientras las fábricas no alcancen un nivel óptimo de funcionamiento y producción no serán privatizadas”. Esta afirmación, que a simple vista parece un deliberado sarcasmo, bien puede deberse a que el funcionario desconocía, en buena fe, que cuando se habla de la necesidad de privatizar empresas estatales, es porque se da por hecho que las mismas, precisamente por estar administradas por la burocracia, no han alcanzado ni alcanzarán jamás ese soñado nivel óptimo de eficiencia. Por otra parte, ¿para qué privatizarlas si aquella utopía fuera posible?

Se trata de la fábrica de cemento El Gigante, la planta concentradora de tungsteno y una curiosa fábrica de calzado que venía produciendo tres zapatos por día y por obrero, suponiéndose que en actualidad habrá llegado por lo menos a completar los dos pares diarios.

Las tres industrias pesan insoportablemente sobre un frágil presupuesto de San Luis, y el hecho de que transcurriera un año sin volverse a hablar del asunto autoriza a suponer que todo habrá de continuar igual.

 

II – LOS INGENIOS TUCUMANOS

El gobernador de Tucumán sostuvo recientemente que los ingenios Florida, La Trinidad y Santa Rosa, integrantes de CONASA (Compañía Nacional Azucarera S.A.) “deben continuar funcionando porque para la provincia se creará un problema muy serio si los mismos llegaran a cerrar”. Acotamos que el primer llamado a licitación para la venta de estos tres establecimientos fracasó por falta de interesados.

Conviene recordar que CONASA fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo de 1970 en un desatinado esfuerzo por rescatar los despojos económicos y financieros de empresas privadas azucareras en estado de falencia. Entre los considerandos de la resolución se afirmaba que “la empresa a crearse será una entidad destinada fundamentalmente a promover el desarrollo de Tucumán y el bienestar de la población”. Si no conociéramos la mentalidad de los burócratas y planificadores que manejan estas cosas desde Buenos Aires sin tener que rendir cuentas jamás por sus fracasos, podríamos pensar que se trató de una burla al pueblo tucumano y al país. Pero la cosa no termina ahí. Por si aquello fuera poco, la duración de esta empresa fue fijada en nada menos que 99 años, ¡y para colmo prorrogables! En síntesis, ocho años de improductividad, holganzas y quebrantos incalculables que el país debió soportar mientras no había recursos para mantener hospitales ni partidas para construir escuelas.

Pues bien, parece que nadie quiere comprar estos despojos, a menos, pienso yo, que el Estado se avenga sensatamente a modificar las condiciones de venta. En especial la irrazonable obligatoriedad de reconocer la relación laboral existente con el personal ocupado a la fecha del llamado a licitación.

En fin, muchas son las soluciones posibles, incluyendo la clausura y desmantelamiento de las tres plantas, pero jamás la reanudación de su explotación por cuenta del Estado, opinión que no parece compartir el gobernador de Tucumán.

 

III – EL CHACO CONSTRUYE SU PROPIA HILANDERÍA

Todo el mundo sable que la industria textil está atravesando una de sus peores crisis. Numerosos establecimientos privados se hallan al borde de la quiebra, mientras el Estado nacional trata de desprenderse de algunas hilanderías, para cuya compra no parece haber interesados. Sin embargo las autoridades del Chaco, aparentando vivir en un país aparte y desconociendo tanto la realidad del mercado como las nuevas ideas que se supone trata de llevar adelante el gobierno central, han decidido iniciar la construcción de un complejo industrial textil. El mismo habrá de levantarse en una superficie de diez hectáreas donadas al efecto por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, con el propósito de manufacturar y comercializar la materia prima local. A esta altura de los acontecimientos, tal despropósito no puede juzgarse sino como un atentado a la razón.

El ministro Martínez de Hoz habló recientemente de las dificultades técnicas, reales por cierto, que impiden una mayor aceleración en el ritmo de las privatizaciones, pero omitió referirse a las otras dificultades, a las más importantes y acaso insalvables, y que sin duda él no ignora:las que surgen de la resistencia al cambio de esa ingobernable burocracia que nos agobia y a la cual se suman inconscientemente muchos funcionarios que no han comprendido aún -quizás nunca lo comprendan-, que las cosas necesariamente tienen que cambiar.
© Enique Arenz. (Publicado en Correo de la Semana en el número del 17 de abril de 1978)

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